Más allá de la crisis sanitaria y de los consiguientes episodios desoladores tanto en lo social como en lo económico, los españoles también estamos siendo víctimas de un nuevo escenario donde se mezclan y confunden la comunicación política y la institucional con fines meramente estratégicos.

Durante la presente pandemia, gestión política al margen, la perversión de la comunicación institucional ejercida por el Gobierno de España, cuya particular verdad oficial ha encabezado en varias ocasiones el ranking de las ‘fake news’, no solo ha provocado la ausencia de confianza entre muchos de los ciudadanos que han vivido y aún viven, de una forma u otra, esta situación en primera persona, sino que también nos retrotrae a tiempos de totalitarismo, de homogeneidad entre Estado e ideología, al menos en lo que a comunicación se refiere.

Si bien en esta tribuna hemos hablado en varias ocasiones sobre cómo las empresas deben afrontar las crisis de reputación mediante la comunicación corporativa, el trabajo desarrollado hasta el momento por el Gobierno de España debería traducirse en un ensayo de cabecera para que los profesores universitarios expliquen a sus alumnos qué es exactamente lo que no hay que hacer. Hasta tal punto es así que la dupla gubernamental ha roto todos los axiomas de la comunicación institucional en cuanto a la tipología de mensajes, colocando contenidos ideológicos en perfiles gubernamentales y a la inversa. Pareciese, por ejemplo, que el Estado y no el partido tiene perspectiva de género, al igual que pareciese que las arcas del partido, y no los impuestos de los contribuyentes, costean determinada ayuda o limosna social.

Recomendaciones tan contradictorias como contraproducentes procedentes de ministerios, portavoces o técnicos (alguno de ellos ya sin crédito alguno en cuanto a cotas de credibilidad), constantes huidas hacia adelante o una inexplicable ausencia de autocrítica han convivido con algunos estériles discursos en pro de la exaltación de la egolatría de quien ostenta la presidencia.

Un juego macabro que quizás nos obligue a replantearnos la idoneidad de velar por una mayor salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la propia Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, de 29 de diciembre de 2005, «obedece a la necesidad de mantener en esferas comunicativas separadas las acciones política y ejecutiva del Gobierno».

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